Tribunal de justicia centroamericano

Corte Centroamericana de Justicia, órgano creado en la Conferencia Centroamericana celebrada en Washington, DC, en noviembre y diciembre de 1907. La escalada de agitación política istmica y la amenaza de un conflicto internacional impulsaron a Estados Unidos y México, naciones con intereses específicos en Centroamérica —Para organizar la reunión. Sin embargo, una vez que comenzó la conferencia, las potencias anfitrionas jugaron un papel pasivo en los procedimientos, lo que permitió a los centroamericanos resolver sus diferencias pendientes sin ninguna interferencia externa significativa. Luis Anderson Morúa de Costa Rica, presidente electo de la conferencia, abogó por la adopción por las naciones centroamericanas del principio de arbitraje obligatorio de controversias internacionales. Con el apoyo de la delegación salvadoreña, Anderson logró convencer a los demás delegados de la necesidad de establecer una Corte de Justicia Centroamericana.

La corte fue el primer tribunal internacional que requirió la adjudicación obligatoria de controversias internacionales entre las partes contratantes y, por lo tanto, representó un paso sin precedentes en la jurisprudencia internacional. La promesa de la corte, sin embargo, nunca se cumplió realmente ya que el partidismo político, la mayoría de las veces, tendió a influir en las decisiones de los jueces que representaban a las diversas naciones istmicas. El tribunal dejó de funcionar en 1918 tras la denuncia de Nicaragua, el año anterior, de los Tratados de Washington de 1907. La acción de Nicaragua se produjo como resultado del fallo de la Corte Centroamericana sobre el Tratado Bryan-Chamorro. El tribunal decretó que Nicaragua, al firmar el tratado con los Estados Unidos, había violado derechos de tratados preexistentes en poder de Costa Rica y El Salvador. En lugar de aceptar la interpretación de la corte del Tratado Bryan-Chamorro, las autoridades nicaragüenses optaron en efecto por destruir el sistema de tratados de 1907 y con él la Corte de Justicia Centroamericana.

Aunque la Organización de Estados Centroamericanos creó un sistema judicial regional en 1962, fue el Protocolo de Tegucigalpa en diciembre de 1991 mediante el cual Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua restablecieron oficialmente la Corte de Justicia Centroamericana. En este momento, Panamá se unió como nuevo miembro y Belice obtuvo la condición de observador. El Protocolo de Tegucigalpa estableció el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que promovió la integración económica, política y social de la región. Como órgano de toma de decisiones intragubernamental, el tribunal contribuye a este objetivo. Con sede en Managua, Nicaragua, el mandato principal de la corte es resolver conflictos entre naciones miembros, países miembros y no miembros, estados e individuos. También escucha disputas entre órganos constitucionales de los estados miembros. La formación de la corte estimuló el desarrollo de normas, procedimientos y jurisdicciones consistentes en todo el istmo. Dirigido por un secretario general, el tribunal está dirigido por un presidente y un vicepresidente de diferentes países.