Guerra sucia

Dirty war (guerra sucia) es el término utilizado en Argentina por los partidarios de la última dictadura militar para caracterizar la represión terrorista clandestina llevada a cabo por el Estado entre 1976 y 1983. Afirman que durante esos años se libró una guerra no convencional entre dos organizaciones armadas igualmente emparejadas, y que el gobierno militar puede haber cometido "excesos" ocasionales durante ese tiempo.

De hecho, lo que ocurrió fue una campaña de terrorismo clandestino patrocinado por el estado. Su naturaleza y alcance salieron a la luz por primera vez en 1982, cuando el régimen militar comenzó a desmoronarse. En 1985 la Comisión Nacional para la Desaparición de las Personas (CONADEP), creada bajo el gobierno democrático, realizó una investigación en profundidad de lo ocurrido desde 1976. Los hallazgos de esta investigación sirvieron como base para el enjuiciamiento y condena de los militares principales responsables de la represión. Quedó claro que la "guerra sucia" era un programa deliberado y planificado con precisión llevado a cabo por las fuerzas armadas. El modus operandi generalmente comenzaba con el secuestro de un sospechoso, que luego era torturado para obtener información que pudiera ayudar en el arresto de otras personas, confinado en un campo de concentración donde continuaba la tortura y, por lo general, finalmente asesinado; esto tenía que ser ordenado por uno de los los oficiales militares de más alto rango. O el cuerpo fue escondido en una fosa clandestina o el prisionero fue arrojado de un avión sobre el Océano Atlántico mientras aún estaba vivo. En cualquier caso, la ausencia de un cuerpo dio a las víctimas la condición de "desaparecidas". CONADEP logró reunir evidencia en cerca de 10,000 casos; Las organizaciones de derechos humanos afirman que hubo al menos 30,000 víctimas. Un aspecto particularmente espantoso de la represión fue que los bebés nacidos de víctimas en cautiverio recibieron nuevas identidades y fueron entregados a familias vinculadas a los represores.

El informe de la CONADEP llevó a muchos a referirse a quienes habían sufrido el terrorismo patrocinado por el Estado como "víctimas inocentes de la represión". Esta etiqueta estaba relacionada con las demandas de construcción de una democracia desde 1984. Sin embargo, desde 2000 muchas de las víctimas han sido reconocidas como militantes militantes que lucharon contra la dictadura. Además, quedó claro que el terrorismo de Estado clandestino comenzó en 1975, o incluso en 1974, como parte del conflicto entre facciones peronistas. En todo caso, desde mediados de la década de 1960, la sociedad argentina se vio envuelta en una creciente ola de violencia, y prácticamente todos los que participaron en alguno de estos conflictos reclamaron la violencia, la justificaron o la vieron como natural. Las víctimas de la represión incluyeron a muchas personas que poco o nada tenían que ver con los conflictos sociales y políticos; algunos eran blancos de venganza personal. Lo sufrieron sindicalistas y activistas sociales de todo tipo, así como académicos, periodistas, estudiantes y miembros del clero. Pero también había muchos que tenían vínculos con organizaciones armadas, particularmente el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y los Montoneros, o estaban vinculados a sus grupos de fachada relacionados como la Juventud Peronista (Juventud Peronista).

La represión clandestina fue deliberadamente arbitraria y combinó el espectáculo abierto de los secuestros con el carácter secreto de los destinos finales de las víctimas. La represión no solo buscó eliminar todo tipo de disidentes, sino también sembrar el miedo en el corazón del resto de la población y silenciar cualquier oposición. Tuvo un gran éxito al principio: mucha gente repitió consignas militares sobre "acabar con los subversivos antipatrióticos", y pocas voces se alzaron en oposición. Las voces disidentes más notables vinieron de organizaciones de derechos humanos, en particular las Madres de la Plaza de Mayo, una asociación de madres de "desaparecidos" que comenzó a manifestarse en 1977 en la plaza frente al palacio presidencial. Estas mujeres excepcionalmente valientes lograron encontrar y explotar pequeñas grietas en el denso discurso de los opresores. Sus demandas por el regreso de sus hijos tocaron un núcleo de valores humanos profundamente arraigados que impidieron que la dictadura militar los tachara de "subversivos".