Guatemala, constituciones

La Declaración de Independencia de Centroamérica del 15 de septiembre de 1821 llevó a la redacción de una Carta Magna por parte de los delegados centroamericanos, incluidos los de Chiapas. Luego de una breve anexión del istmo por parte de México hasta 1823, los delegados se reunieron nuevamente para reafirmar la independencia centroamericana. Chiapas, sin embargo, permaneció bajo la autoridad mexicana. Influidos por el liberalismo español de las Cortes de Cádiz y la Constitución de Estados Unidos, los representantes redactaron la Constitución de las Provincias Unidas de Centroamérica, promulgada el 24 de noviembre de 1824. Al año siguiente, cada uno de los estados miembros (Guatemala, Honduras, El Salvador , Nicaragua y Costa Rica) redactó su propia constitución, en los mismos términos. Estas constituciones, incluida la Constitución del Estado de Guatemala de 1825, incorporaron los tres poderes clásicos: legislativo, ejecutivo y judicial. Dieron a los estados importantes poderes, incluidos los de recaudación de impuestos y la creación de milicias armadas, lo que conduciría al eventual deterioro del poder federal.

Al inicio de un período dominado por los conservadores, las autoridades guatemaltecas declararon la secesión de la federación el 17 de abril de 1839. En mayo de ese año se instaló una nueva asamblea constituyente, que redactó varias leyes constitucionales temporales, incluida la Ley de Garantías, con el objetivo de en el apoyo a la gestión básica del estado guatemalteco. Hubo varios conflictos con los liberales y otras asambleas constituyentes convocadas en 1844 y 1845, pero se disolvieron porque los documentos que redactaron no reflejaban completamente el pensamiento conservador. En 1847 el gobierno central declaró oficialmente la República de Guatemala, pero en 1848 se disolvió otra asamblea constituyente luego de redactar una nueva constitución que no logró ser ratificada.

Luego de la batalla de La Arada en 1851, cuando el presidente Rafael Carrera alcanzó el poder absoluto en la zona, se convocó una nueva asamblea conservadora. En octubre de ese año, el grupo dictó una Ley Constitucional que consta de dieciocho artículos. Posteriormente Carrera se convirtió en presidente vitalicio, una dictadura respaldada tanto por la Iglesia como por la élite.

En 1871 estalló la llamada Revolución Liberal. Se formó una asamblea constituyente en 1872, pero sus sesiones se suspendieron un año después. En 1876 la asamblea se reunió nuevamente, pero solo para ratificar la dictadura de Justo Rufino Barrios. Otra asamblea constituyente se reunió en 1879 y puso en vigor en diciembre de ese año la Constitución que, salvo algunos cambios, permaneció en vigor hasta 1944. Contiene los principios liberales de la Constitución de 1824, incluido un artículo que limita el plazo de oficina. Sin embargo, la votación estaba reservada solo para los alfabetizados y se realizó por voz bajo la supervisión de un delegado oficial, contra quien nadie se atrevería a oponerse. Así, los representantes electos se reunían dos o tres meses al año para ratificar lo que el presidente había ordenado. Salvo durante las presidencias entre 1885 y 1898, este formalismo apoyó lo que en realidad fue una dictadura. Después de ese año, era habitual que el Congreso modificara el artículo constitucional que limitaba el mandato, para permitir que el presidente permaneciera en el poder. Manuel Estrada Cabrera hizo uso de esta práctica, manteniendo una dictadura que duró de 1898 a 1920.

Después del derrocamiento de Estrada Cabrera y la breve administración conservadora que duró hasta 1921, se hicieron algunas enmiendas constitucionales. En ese año los liberales regresaron al poder y, a pesar de algunos conflictos, continuaron gobernando. Jorge Ubico hizo uso de la misma práctica que Estrada Cabrera, ignorando el límite que la Constitución imponía a su mandato. La Junta Revolucionaria de noviembre de 1944 puso fin a la Constitución "liberal". La nueva Asamblea ratificó una nueva Constitución en marzo de 1945 que aseguraba la democracia. Garantizó la libre organización de las agrupaciones de empleadores, sindicatos y partidos políticos, que antes estaba denegada, y permitió la libertad de opinión y de prensa. Creó un programa de Seguridad Social y tribunales de trabajadores. Sus artículos también establecieron el principio de la "función social de la propiedad privada", que sería el foco de un gran conflicto. Finalmente, miembros de la oligarquía, tanto liberales como conservadores, se reunieron para enfrentar la reforma social, especialmente cuando afectaba a la propiedad de la tierra.

Con el derrocamiento de la administración reformista con la asistencia de Washington en 1954, la Constitución de 1945 fue descartada y una nueva promulgada en 1956. Sin cambiar la estructura administrativa del estado descrita en la constitución anterior, ésta restringió la participación de los partidos políticos y eliminó el concepto de "función social de la propiedad privada". En 1963 el ejército se hizo cargo del estado y abolió la Constitución. Los miembros de una nueva asamblea constituyente fueron elegidos entre simpatizantes de las autoridades y entre los herederos de los liberales y conservadores. En septiembre de 1965 se promulgó una nueva constitución, muy parecida a la anterior. Los partidos políticos autorizados quedaron sujetos al Estado. Se respetó el límite del mandato presidencial, aunque predominaron los presidentes militares hasta el golpe militar de 1982.

Tras el golpe, las diferencias entre los líderes militares y entre el ejército y los terratenientes importantes se vieron superadas por una insurgencia general que desembocó en una violenta guerra civil. La opinión nacional e internacional presionó por una nueva constitución que expandiera los derechos democráticos. Una nueva asamblea constituyente, elegida de manera transparente, funcionó de 1984 a 1985, con poca influencia de los militares. La nueva constitución y la nueva ley electoral contenían importantes diferencias con sus predecesoras. Los partidos políticos ahora son libres de operar y se han reconocido los derechos de las comunidades indígenas. La Constitución exige la creación de un Tribunal Constitucional y un fiscal de derechos humanos designado por el Congreso, ambos fundados para enfrentar las violaciones de los derechos individuales. Fortalece el papel del Congreso. Se está considerando una reforma constitucional para restringir las actividades del ejército en la vida civil.