España, constitución de 1812

La Constitución Política de la Monarquía española, promulgada el 18 de marzo de 1812 por las Cortes de Cádiz, definió el liberalismo español e hispanoamericano de principios del siglo XIX. Fue una respuesta a la crisis constitucional provocada por la abdicación forzada y el exilio del legítimo monarca de España, Fernando VII, en 1808. Los liberales españoles esperaban regenerar España mediante la adopción de una constitución moderna influenciada por los principios y conceptos ilustrados derivados de los franceses y Revoluciones americanas. Aunque los liberales dominaron las Cortes, la constitución resultante fue una mezcla de elementos modernos y tradicionales. Su controvertida restricción de los privilegios aristocráticos y clericales alentó y fortaleció los argumentos políticos liberales y enfatizó la función y los derechos de los gobiernos locales y provinciales en la toma de decisiones por sí mismos, oponiéndose a las élites tradicionales. La idea central detrás de la constitución era que la soberanía residía en la nación, que era la única que tenía el derecho de establecer leyes fundamentales. Sus creadores esperaban corregir los abusos de la monarquía absoluta sin rechazar los rasgos tradicionales del derecho español. Cinco delegados estadounidenses formaron parte del comité encargado de redactar el documento para el debate.

La Constitución de 1812 estableció esencialmente una monarquía constitucional. Aunque retuvo el catolicismo romano como iglesia establecida, abolió la Inquisición, los privilegios aristocráticos, las obligaciones feudales y los gravámenes señoriales. Previó elecciones de diputados a las futuras Cortes, representación sin distinciones de clases y la abolición de los estamentos vinculados. Las Cortes debían reunirse el 1 de marzo de cada año, durante tres meses. Los diputados fueron elegidos cada dos años y se sentaron durante dos sesiones consecutivas. Aunque no rechazaba la monarquía, la constitución moderaba el poder de la corona para garantizar un gobierno constitucional. La corona retuvo solo aquellas funciones que las Cortes no podían ejercer, el control real sobre la administración fue subyugado a una asamblea unicameral elegida que se reunía anualmente. Un consejo de estado vigilaba las acciones de la corona, aunque sus miembros eran elegidos por la corona de una lista compilada por las Cortes. Tales restricciones a los poderes del monarca, como era de esperar, causaron una gran fricción cuando Fernando VII regresó al trono español en 1814.

La Constitución de 1812 extendió el sufragio universal a todos los hombres libres bajo un sistema electoral representativo deliberadamente indirecto. La representación colonial en las Cortes proporcionó definición política y sustancia a las demandas de los delegados liberales criollos. Aunque las colonias americanas obtuvieron plenos derechos políticos dentro de un imperio español unificado, la Constitución no permitía a los dominios americanos un autogobierno total. Sobre el tema del libre comercio, por el cual presionaron los delegados coloniales, la constitución fomentaba un comercio más libre, pero no en la medida en que las colonias deseaban.

El documento también preveía los ayuntamientos electos y los órganos provinciales representativos (diputaciones provinciales). Proclamó la libertad de prensa y amenazó a los fueros y monopolios tradicionales. Para fomentar la producción agraria, la constitución estableció derechos de propiedad claros y absolutos. Fieles a los principios liberales, los derechos de propiedad individuales prevalecen sobre los derechos corporativos o colectivos. La constitución aseguró el derecho del individuo a encerrar, vender o alquilar su tierra, allanando el camino para la enajenación de tierras comunales indígenas en algunas áreas de Hispanoamérica.

Aunque los conservadores intentaron presentar la constitución de 1812 como obra de una minoría radical, "una conspiración criminal de un puñado de facciosos [agitadores] "- en realidad la constitución tuvo un amplio apoyo. Incluso las cláusulas más radicales se aprobaron sin una oposición efectiva en las Cortes. La oposición a la constitución que existió fue presentada por las órdenes e instituciones eclesiásticas cuyas peticiones y privilegios habían sido restringidos Las cláusulas liberales. El ataque al privilegio eclesiástico, sin embargo, provocó una mayor desaprobación del documento fuera de las Cortes. En general, la Constitución de 1812 dispuso una división de poderes gubernamentales, consolidó y actualizó el sistema legal español, aseguró la igualdad civil, y privilegios corporativos reducidos.

Sin embargo, su restricción del poder monárquico provocó un conflicto abierto tras el regreso de Fernando VII al poder. El rey disolvió las Cortes y derogó la constitución el 4 de mayo de 1814, restaurando la monarquía irrestricta que había existido antes de 1808. La oposición liberal al poder represivo de Fernando y a la guerra en las colonias condujo a la Revuelta de Riego del 1 de enero de 1820, que restableció la Constitución de 1812. En 1823, sin embargo, con la ayuda de las tropas borbónicas de Francia, Fernando recuperó toda su autoridad y una vez más suprimió la constitución. Sin embargo, la Constitución de 1812, tanto en España como en Hispanoamérica, sirvió de modelo inicial para los liberales de principios del siglo XIX. Se refleja fuertemente, por ejemplo, en las constituciones mexicanas de 1814 (Apatzingán) y 1824, la Constitución centroamericana de 1824 y varias constituciones republicanas de América del Sur.