Ecuador, constituciones

La constitución ecuatoriana de principios del siglo XXI fue adoptada por votación popular el 15 de enero de 1978 (43 por ciento sí; 32 por ciento no; 23 por ciento votos nulos) y entró en vigencia en agosto de 1979. Es la decimoséptima en la nación desde que Ecuador se independizó en 1830, pero pocos han tocado la vida de la mayoría de la población. Sin embargo, el impacto en el proceso político ha sido mayor, ya que las reglas y procedimientos institucionales se han ido modificando a lo largo de los años.

La carta de 1830, que reunió a los departamentos de Quito, Guayaquil y Cuenca en una confederación, fue reemplazada cinco años después por un sistema constitucional más centralizado. Esta, a su vez, fue suplantada en 1843 por la "Carta de la Esclavitud" impuesta por Juan José Flores, quien, habiendo comenzado su segundo mandato como presidente en 1839, buscó consagrar su gobierno personalista a través de una constitución que le otorgó poderes dictatoriales al tiempo que destacaba Separación de la iglesia y el estado. Fue reemplazado luego de su derrocamiento del poder en 1845, y en 1861 otra constitución estipuló el sufragio popular directo y reconoció el catolicismo como la religión del estado. Ocho años después, Gabriel García Moreno decretó un nuevo documento, conocido como la "Carta Negra", que realzó aún más el papel de la Iglesia Católica Romana al darle un control indiscutible sobre la educación. La autoridad secular de la Iglesia fue subrayada por el requisito de negar la ciudadanía a los no católicos.

La Constitución de 1897, adoptada después de que Eloy Alfaro condujera a los liberales al poder, revirtió la posición del catolicismo y amplió el reconocimiento de los derechos individuales; se abolió la pena de muerte y se explicitó la libertad religiosa. En 1906, Alfaro convocó una Asamblea Constituyente para redactar un nuevo documento que llamaba explícitamente a la separación de la Iglesia y el Estado al tiempo que extendía el compromiso constitucional con la protección de los derechos y privilegios civiles básicos.

Las mujeres adquirieron el derecho al voto en la Constitución de 1929, la primera acción de este tipo en América Latina. También fue un documento que, en reacción a los excesos presidenciales, otorgó al Congreso poderes que prácticamente paralizaron al gobierno central. Cualquier ministro podía ser destituido mediante un voto de censura y la autoridad presidencial estaba severamente restringida. La reorganización del Congreso incluyó el establecimiento de una representación tanto regional como funcional. Así había, entre otros, senadores de industria y de agricultura tanto de la costa como de la sierra. También se incluyeron representantes del trabajo y de las fuerzas armadas. En general, las élites tradicionales se beneficiaron de la introducción de senadores funcionales elegidos por los líderes de las principales asociaciones de intereses de Ecuador.

Las constituciones decimocuarta y decimoquinta de Ecuador fueron promulgadas en 1945 y 1946, en un momento en que José María Velasco Ibarra había regresado al poder y buscaba legitimar y reestructurar la naturaleza del gobierno ejecutivo. El segundo de ellos sobrevivió hasta la convocatoria de una Asamblea Constituyente en 1966 tras la dimisión de una junta militar. El resultado fue la decimosexta constitución, promulgada el 25 de mayo de 1967, que entró en vigor con la asunción de Velasco Ibarra a su quinto mandato el 1 de septiembre de 1968. Creó un gran número de nuevos organismos estatales autónomos fuera del control presupuestario y administrativo de la República. director; Los intereses regionales también se fortalecieron a expensas del gobierno central a través de un sistema descentralizado de desembolso de impuestos. Cuando Velasco se vio obligado a dejar el cargo en 1972, la constitución de 1967 fue anulada.

Cuando la junta militar decidió en 1976 avanzar hacia el restablecimiento del gobierno electo, nombró una comisión para estudiar la cuestión de las formas constitucionales. La comisión finalmente elaboró ​​dos opciones para someterlas a un plebiscito: una revisión de la constitución de 1945 y una nueva carta. El segundo fue elegido por casi el 75 por ciento del electorado y, con pequeños ajustes, ha estado en vigor desde la re-inauguración del gobierno civil en agosto de 1979. Quizás el cambio más llamativo fue la extensión del sufragio a los analfabetos por primera vez. Además, la legislatura bicameral se convirtió en un organismo unicameral del que quedaron excluidos los representantes funcionales. Se especificaron cuatro sectores económicos: público, privado, mixto público-privado y comunitario. Hubo controversia sobre lo comunitario, que era visto por las élites tradicionales como una amenaza a la propiedad privada. En la práctica, esto resultaría ser una preocupación fuera de lugar.

Las nuevas regulaciones electorales que acompañan a la Constitución de 1978 introdujeron una doble vuelta de elecciones presidenciales, de modo que el eventual vencedor asumiera el cargo con una clara mayoría. También se hicieron esfuerzos para regular los partidos políticos a fin de minimizar el grado de fragmentación que había prevalecido durante mucho tiempo. Entre otras cosas, los partidos que no obtengan el 5 por ciento de los votos en dos elecciones consecutivas perderían el reconocimiento oficial por parte del Tribunal Supremo Electoral.

La nueva constitución fue vista como un reflejo del estado de ánimo reformista que se apoderó de Ecuador en la década de 1970, subrayado por el surgimiento de una nueva generación de líderes políticos para reemplazar a Velasco, Camilo Ponce Enríquez, Galo Plaza Lasso, Otto Arosemena Gómez y Carlos Julio Arosemena. Godoy. En la práctica, ha fomentado la participación electoral popular y cierta apertura del sistema, pero no hasta el punto de que las actitudes e intereses elitistas tradicionales se hayan visto amenazados. Si bien ha habido tres períodos constitucionales sucesivos desde que las fuerzas armadas cedieron el poder, cada uno ha estado plagado de inestabilidad, oposición intransigente, obstruccionismo del Congreso y timidez judicial frente a los ataques partidistas. Por lo tanto, las estructuras constitucionales, si bien son más consistentes con una nación en proceso de modernización, no han alentado significativamente la maduración del proceso político en Ecuador. En 1997, cuando el Congreso votó a Abdalá Bucaram, entonces presidente, fuera de su cargo, los líderes políticos formaron una nueva asamblea constitucional. La nueva constitución se convirtió en ley en 1998. En general, fortaleció el poder ejecutivo, redujo el poder del Congreso para destituir a los funcionarios a nivel de gabinete y abolió las elecciones parlamentarias de mitad de período.