Castro jijón, ramón (1915–1984)

Ramón Castro Jijón (b. 1915, d. 1984), representante de la marina en la junta militar que gobernó Ecuador desde el 11 de julio de 1963 hasta 1966. Nacido en Esmeraldas, Castro Jijón recibió entrenamiento militar avanzado en Chile y Estados Unidos. Se desempeñó como agregado naval en Europa occidental. Cuando los militares derrocaron al gobierno de Carlos Julio Arosemena Monroy, el comandante Castro era el único miembro de la junta de la costa. El movimiento que derrocó al gobierno de Arosemena fue la primera intrusión institucional de los militares en la política desde el golpe de Estado del 23 de octubre de 1937.

La junta, que contó con un amplio apoyo público durante su primer año, anunció que las fuerzas armadas tenían la responsabilidad de promover nuevas estructuras socioeconómicas que sentarían las bases para una verdadera democracia. Después de reprimir a los críticos de izquierda y purgar al gobierno de partidarios de Arosemena, la junta comenzó a implementar un programa de reformas estructurales, incluidas reformas agrarias y fiscales, que rápidamente alienó a importantes grupos civiles. La junta creó un impuesto sobre la renta personal; racionalizó la tributación suprimiendo cientos de gravámenes que financiaban directamente organismos públicos e instituciones autónomas; y transfirió la recaudación de ingresos de los organismos autónomos al Banco Central. Esta última medida provocó críticas públicas generalizadas, contra las cuales la junta tomó represalias imponiendo la ley marcial. La Ley de Reforma Agraria de 11 de julio de 1964, que abolió la huasipungo El sistema laboral y el establecimiento de límites máximos para el tamaño de la propiedad de la tierra, buscaron reparar una de las distribuciones de tierra más desiguales en América del Sur. Aunque la ley era relativamente débil y amenazaba solo a los productores más ineficientes, su aprobación galvanizó la oposición de la élite de la sierra a la junta.

Cuando la economía comenzó a tambalearse en 1964, los déficits gubernamentales se dispararon. La junta buscó estabilizar las finanzas públicas aumentando los aranceles de importación, pero se vio obligada a retroceder ante las críticas públicas generalizadas, que culminaron con una huelga general en Guayaquil. Cuando la junta volvió a intentar aumentar los derechos de importación a principios de 1966, una segunda huelga general se extendió por todo el país y resultó en la dimisión de la junta el 29 de marzo de 1966.